Publicado por 
El gerente de Desarrollo Económico del Cusco, Ángel Paullo Nina, sostuvo que el ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), Eduardo González, informó que el estado coreano ultima los detalles para firmar el contrato con las empresas que harán el trabajo y la supervisión, así lo informó el diario La República en su edición nacional.
“Están afinando el contrato con la empresa que se hará cargo del movimiento de tierras y la que estará a cargo de la supervisión”, explicó Paullo Nina.
Mientras que la construcción en sí misma del terminal aéreo empezará, según el cronograma aprobado, en julio próximo, a partir de lo cual la empresa tiene cuatro años para concluir las obras físicas y las pruebas. En 2025 debe empezar a funcionar el nuevo aeropuerto cusqueño.
Sin embargo el diario Expreso informó que la a particularidad del concurso es que estará a cargo de la Oficina de Gestión de proyectos o Project Management Office (PMO) que depende básicamente de Agencia de Promoción de Inversiones Comerciales de Corea (KOTRA por sus siglas en inglés) y la Corporación Aeroportuaria de Corea (KAC), según los documentos a los que tuvo acceso Expreso.
“Es la entidad encargada del manejo de esa buena pro, en detrimento de la participación del Estado peruano que es un mero cliente del servicio, a través del MTC”, denunció el experto en contrataciones públicas, Alex Starost Gutiérrez.
“El Estado, a través del MTC, ha abdicado de sus funciones en el Gobierno de Martín Vizcarra y de Francisco Sagasti, y no es capaz de llevar adelante este tipo de procesos bajo responsabilidad de nuestras autoridades y las entidades correspondientes”, afirma.
En este tipo de procedimientos, añade Starost, no se aplica la ley de Contrataciones, no interviene la Contraloría, tampoco la Fiscalía de Prevención del delito, es decir, no interviene el Estado so pretexto de que el tema Chinchero es de gobierno a gobierno, subraya.
A lo anterior se suma, concluye, la metodología de calificación subjetiva de los seis postores, lo que vulnera la seguridad jurídica de los concursantes y denota también falta de transparencia.
