De tiempo en tiempo, se retoma el debate sobre la pena de muerte, más aun cuando se trata de temas sensibles que generan indignación general, como la corrupción, la seguridad ciudadana, feminicidios, entre otros; recientemente Robinson Gupicc de la bancada Telesup, digo, la bancada de Podemos Perú presento un P.L. proponiendo una reforma constitucional que establezca pena de muerte en casos de abuso sexual a menores de edad, modificando el art 140° de la CPP.
A lo largo de nuestra historia tuvimos algunas constituciones que incluyeron la pena de muerte, durante la vigencia de estas se realizaron 7 ejecuciones, siendo la última la de Julio Vargas en 1979, bastante cuestionada. Como ya es conocido, la Convención Americana de Derechos Humanos no permite imponer esta pena, además, indica que una vez abolida la pena de muerte, no se puede volver aplicar. Este tratado fue ratificado por el Perú en 1979. El procedimiento para desvincularnos del Pacto de San José no es inmediato ni simple, por decir lo menos. Como primera conclusión, desde un aspecto formal, no es una propuesta que pueda ser aplicada en el corto plazo.
En consecuencia, al no tener como fin atender un problema en el corto plazo, examinemos una cuestión de “fondo”: ¿Realmente la pena muerte cumpliría con el objetivo de desincentivar la comisión del delito de violaciones a menores? Veamos, actualmente, pese a que la sanción es cadena perpetua, el total de presos por este delito aumenta en un promedio de mil por año y es el segundo delito por el que van más a personas a la cárcel (INPE); además, como señalan diversos especialistas no existe evidencia empírica sobre los efectos disuasivos de la pena de muerte, países con mayor institucionalidad como Estados Unidos son muestra de ello, hay personas ejecutadas siendo inocentes, imaginemos cómo sería en Perú, con un Poder Judicial con múltiples problemas y desprestigiado.
Lo que en realidad sucede, es que cada cierto tiempo, fuerzas políticas pretenden lavarse la cara usando causas legítimas de mujeres y niños, solo en el 2018 se han presentado 4 P.L. en ese mismo sentido y al menos, un centenar de candidatos lo han propuesto, conociendo su inviabilidad para distraernos del debate de fondo. ¡Que no nos cuenten cuentos! Además de un enfoque punitivo, debemos combatir la violencia sexual desde la prevención.