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A pocos meses de un nuevo proceso electoral en el que elegiremos autoridades -Ejecutivo y Legislativo- tenemos posibles perfiles de candidatos y otros ya definidos -líderes de sus partidos- y otros por determinar.
Un “partido político” que ha ido de extremo a extremo es Unión por el Perú, el otro partido fundado por Javier Pérez de Cuéllar que hoy tiene como líder al etnocacerista Antauro, tremenda distancia entre personaje y personajillo -uno defensor de los derechos humanos el otro fúsil en mano quiere acabar con todos-
Y es que una de las propuestas de campaña para la elección congresal de este corto periodo y que se ha reflejado como proyecto de ley presentado en setiembre, y cuyos voceros han indicado que será una de las principales propuestas presidenciales del radical Humala, es el de la renuncia al Pacto de San Jose, con la finalidad dicen ellos de poder aplicar la pena de muerte y ampliar los supuestos de la misma, en palabras de José Vega “que se aplique a presidentes corruptos”.
La propuesta peca de populista, se ofrece pena de muerte -matar y matar- sin considerar las consecuencias posteriores. Alguien dirá que es la respuesta ante un sistema de justicia que no sirve -y sería válida- pero no se soluciona retrocediendo en el tiempo y aplicando castigos medievales, se soluciona con una reforma del sistema de justicia que deba comenzar por mejorar los criterios de selección de magistrados y una lucha contra la corrupción, no más cuellos blancos ni hermanitos. Renunciar al Pacto, significa perder el control de instancias supranacionales, significa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos deje de tener competencia para resolver vulneraciones a derechos que el sistema interno ha obviado controlar, alguien alguna vez me dijo “la Corte no sirve, entrampa, hace lento todo” y le contesto ahora, fallos de esta jurisdicción han permitido por ejemplo juzgar a Fujimori -Caso Cantuta, Barrios Altos-, o la recomendación para la revisión del indulto que se le otorgó; o el reconocimiento de derechos de trabajadores y pensionistas -Aguado Alfaro y otros-, o este año -Azul Rojas Marín vs Perú- en el que la Corte declara responsable al Perú por la tortura y violación de una persona LGBTI; perder el control de la CIDH significa retroceder en protección de derechos fundamentales.
Para acceder al poder político además de los requisitos que la Constitución establece, hay otros propios de cada candidato: el carisma, el conocimiento, las capacidades, etc, pero ¿Y en relación a los electores? El principal: “que no nos agarren de brutos”.
