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Entre el 2,013 y 2,014 la empresa minera Xtrata, solicito la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental para el Proyecto Minero Las Bambas; en el que se comprometía a trasladar el cobre y molibdeno de este yacimiento por mineroducto hasta su planta procesadora de Espinar; sin embargo y con un simple Informe Técnico Sustentatorio (ITS) esto fue variado el 2,014 y en la actualidad la planta procesadora se trasladadó a Las Bambas y el mineral se traslada con camiones encapsulados desde este lugar hasta Matarani.
Para ello muchos caminos vecinales ha sido ampliados, en otros casos han aperturado nuevos y todos estos son ahora el famoso “corredor minero” y con tramites festinados en los tres niveles de gobierno al final aprobaron la R.M. N° 372-2018-MTC que declara, este corredor, en VIA NACIONAL; pero el problema más grave no está en el incumplimiento de normas y procedimientos para reclasificar vías, sino en que los funcionarios del gobierno y la empresa minera han desconocido la Constitución y los derechos fundamentales de peruanos propietarios de los terrenos por la cual pasa esta “vía nacional”. Efectivamente, que dice el Art. 70 de la CPE peruano, que la propiedad es inviolable y que el estado la garantiza, sin embargo y en nombre de la inversión minera, en este caso se zurraron en los derechos constitucionales de 18 comunidades campesinas dueños de terrenos por los que pasa este corredor minero. La misma Constitución prevé que los terrenos pueden ser expropiados por interés público PREVIO PAGO DE JUSTIPRECIO. Es más, la Ley de
Tierras (Ley 26505) esta norma obliga a las mineras a tener trato directo para comprar tierras en favor de su proyecto; sin embargo y siendo una realidad que tenemos gobiernos al servicio de las grandes empresas mineras estos tramos carreteros han sido declarados vía nacional y por lo tanto ahora es el estado el que tiene que sanear legalmente estos terrenos y pagar el valor de los mismos a sus propietarios.
El Gobierno Regional ha decidido instalar una ‘mesa técnica’ para ver “técnicamente” como pedir al MTC la derogatoria de la Resolución Ministerial que declara vía nacional este tramo carretero y para ser más convincentes viene ofreciendo un Fondo Social de 1,700 millones de soles que serían manejados privadamente (la minera Las Bambas), vale decir un convenio marco para Chumbivilcas.
La propuesta de las comunidades es que el Gobierno Central y Regional, en primer lugar cumpla con lo dispuesto en la Constitución y la Ley N° 26505 y luego de ello ver los graves impactos ambientales generados en sus terrenos y el Convenio 169-OIT.
