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La Defensoría del Pueblo reveló que cuatro mujeres embarazadas fueron despedidas de las instituciones donde laboraban. Dos de estos casos ocurrieron en la municipalidad de San Sebastián (Cusco); mientras que otro se registró en el municipio de Yanacoa (Canas) y un cuarto caso sucedió en el Hospital Antonio Lorena. A tres de las trabajadoras embarazadas les culminaron el contrato en pleno estado de emergencia por la Covid-19.
La jefa de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Cusco, Rosa Santa Cruz, consideró que el Estado, representado a través de las diversas entidades públicas, debe ser el primero en proteger adecuadamente a las trabajadoras en estado de gestación, evitando cualquier situación de despido que vulnere sus derechos y garantizando que los embarazos se lleven en condiciones seguras y dignas.
Demandó a las instituciones públicas garantizar los derechos de las madres gestantes que se encuentran desempeñando funciones bajo cualquier modalidad, a fin de que se cumpla con renovar sus contratos durante el tiempo de embarazo y posterior licencia por maternidad.
“Las instituciones públicas deben dar el ejemplo en la protección laboral a las mujeres gestantes, por lo que es cuestionable que en menos de un año tengamos en Cusco cuatro casos de trabajadoras embarazadas a las que no se les renovó sus contratos, tres de ellos durante la cuarentena”, manifestó Santa Cruz.
