Publicado por 
Desde la semana anterior, en la agenda regional se ha estado exponiendo la situación legal del alcalde provincial de Canchis. Otra vez está en cuestión su legitimidad, está en cuestión la transparencia con la que está gobernando, está en cuestión el equipo de funcionarios que lo están acompañando.
Y el cuestionamiento nace de cómo se contratan los servicios que necesita la municipalidad; la contratación del personal; y las obras que se van a ejecutar en su jurisdicción. Puesto que aparentemente todas estas contrataciones se estuvieron realizando de manera amañada, sin cumplir con los procedimientos que establecen las normas; pero sobre todo simulando todos estos procesos de contratación cuando estos ya tendrían un ganador.
Cuando la policía detuvo a esta autoridad local, también intervino su domicilio. Es sorprendente la cantidad de dinero que la policía anticorrupción encontró; tomando en cuenta que el sueldo como alcalde provincial es de nueve (9) mil soles mensuales.
Aparentemente se habría constituido toda una organización para: i) cobrar cupos a los que deseaban trabajar; ii) solicitar un porcentaje de dinero por ganar la ejecución de una obra o de un servicio. Entonces debemos reflexionar acerca del equipo de profesionales que lo acompañan en la gestión municipal.
No puede ser que dentro del aparato municipal, no se logre detectar un flujo irregular de contrataciones. Entonces, debe existir un cuestionamiento y una exhortación a los colegios profesionales para que puedan generar mecanismos de control en sus afiliados.
En este contexto la ciudadanía de Canchis fue perdiendo la confianza en su autoridad. El alcalde provincial aparentemente gobernando para sus intereses personales, y para los de sus allegados, fue perdiendo la legitimidad que se necesita para poder desarrollar una gestión óptima.
Está claro entonces que esta situación de perder legitimidad de las autoridades locales, distritales y provinciales, es un contexto cíclico, que se puede cortar en los procesos electorales asumiendo con responsabilidad nuestro derecho ciudadano de elegir; sin quitar la responsabilidad nuevamente a los partidos políticos y/o movimientos políticos regionales para que nos puedan ofrecer a sus mejores cuadros, a buenos ciudadanos.
