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Considerando la pérdida de puestos de trabajo, la población juvenil es la más afectada con la pandemia del COVID-19, de acuerdo a una encuesta que realizó la Fundación Forge, en mayo de este año en Perú, México, Chile, Uruguay y Argentina; donde participaron más de diez mil personas de manera voluntaria.
El primer dato resaltante de dicho estudio es que antes del primer día de marzo de este año, sólo 5 de cada 10 jóvenes menores de 25 años tenía un empleo. En contraste con las personas mayores a 25 años donde el 87% de los encuestados sí tenían empleo antes de esa fecha.
Otra cuestión importante es que en nuestro país el 48% de los jóvenes asume que el ingreso que percibían era el principal ingreso para su familia. A consecuencia de la pandemia, sólo uno de cada 5 jóvenes menores de 25 años pudo mantener su empleo. Entonces la situación de esas familias es bastante crítica, entendiendo que estamos llegando al octavo mes desde que apareció el primer caso de COVID-19 en nuestro país.
Se puede medir el impacto que tiene el nivel de educación con el nivel de empleabilidad, puesto que los jóvenes que habían culminado la secundaria son los que tienen el mayor porcentaje de despidos; en comparación con los que cursaron un nivel de formación superior. Entonces está claro que es necesario que se implementen medidas para impulsar mayor acceso a educación superior, sea técnica o universitaria.
Entonces las iniciativas como la contratación de bachilleres y egresados en las entidades públicas puede incrementar el nivel de acceso a empleo a los jóvenes; lo cual puede ser complementado promoviendo cambios en la ley de contrataciones del Estado, donde la experiencia exigida esté acorde con la complejidad de la actividad a cumplir, es decir, no se puede solicitar por ejemplo para los ingenieros civiles experiencia como residente o supervisor de obra de más de 5 años si la obra que se va a ejecutar solo es un cerco perimétrico.
Se deben generar políticas mucho más eficientes para que no se genere la deserción estudiantil en ninguno de sus niveles; la agenda pendiente en este momento es cómo se llega a los niños y jóvenes de zonas rurales; cómo hacer que el esfuerzo que hacían los padres para tener a sus hijos en una universidad nacional o particular sea asistido por el Estado.
