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La Corte Superior de Justicia de Cusco, sentenció a cuatro años de pena suspendida de libertad al ex presidente regional de Cusco Jorge Acurio Tito y al pago de una reparación civil solidaria de 30 mil soles, luego de haberlo hallado culpable del delito de peculado en contra de la administración del Estado.
El Ministerio Público informó que la condena se emitió luego de seis meses de juicio oral, el que se desarrolló de forma virtual, y en el que también se sentenció al ex jefe de Defensa Nacional del gobierno regional, César Yauri Bustos. Ambas personas también fueron inhabilitadas para ocupar algún cargo público.
Los hechos se remontan al 2011 fecha en la que la intendencia de Aduanas del Perú realizó la donación de ropa avaluada en más de 45,000 soles para los damnificados de las lluvias y huaycos del distrito de Vilcabamba en la provincia de La Convención y cuya distribución debió estar a cargo de Yauri Bustos pero esta donación nunca llegó a su destino ni a sus beneficiarios.
La investigación que estuvo a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Wanchaq que despacha la fiscal, Anahí Castro Prieto, confirmó el grave delito cometido por ambos funcionarios.
La abogada de Jorge Acurio, Ruth León afirmó que apelarán el fallo judicial teniendo en cuenta que en la anterior sentencia se absolvió a ambos pero que fue apelada y retorno a juicio pese a las observaciones realizadas, pues a Acurio Tito se le sentencia solo por ser titular de la entidad, por ello considero injusta la decisión de la sala, la cual según León no ha podido demostrar la culpabilidad de su defendido por lo que cree que esta sentencia tenga un tinte político contra Acurio.
La ex autoridad salió en libertad y con disposición de arresto domiciliario en noviembre del 2019 tras 18 meses de prisión preventiva que cumplía en el penal Ancón al estar vinculado en sobornos por la empresa Odebrecht.
Hasta la fecha no se ha iniciado aún el juicio por los presuntos delitos de soborno que se le acusan a Acurio en relación a la obra de la Vía Expresa, debido a la lentitud del Ministerio Público de emitir las acusaciones fiscales.
