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De acuerdo a una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos – IEP entre el 1 y 8 de diciembre, el 81% de peruanos consultados desaprueba la gestión del Congreso de la República, esta semana, dos temas marcaron la agenda, la eliminación de la inmunidad parlamentaria y la eliminación del régimen CAS; ambos temas son importantes, pero creemos que requieren un mayor debate y propuesta. Respecto de la inmunidad parlamentaria no se debe olvidar que esta prerrogativa constitucional fue creada en 1823 para darle al parlamento una garantía institucional que permita que sus miembros no puedan ser removidos por procesos penales y detenciones que puedan tener lugar tras el desempeño de su labor, básicamente de su función de fiscalización. Hoy la forma como se concibió esta figura es lejana, sino respondamos a la pregunta ¿Conoces la función de fiscalización de algún congresista? Si tu respuesta es positiva estarás en la capacidad de responder ¿Qué hizo el congresista con el resultado de la fiscalización y qué hizo su grupo parlamentario?, probablemente no tengas una respuesta al respecto y es que en la actualidad la mayoría de ellos y ellas han entendido que su función termina con visitar una institución pública y nada mas, cuando en realidad a partir de esas visitas, indagaciones y las cosas que encuentren, deberían pedirle explicaciones al ejecutivo, canalizar propuestas legislativas trabajadas con las bases y dar a conocer a la opinión pública su trabajo. Para muchos congresistas la inmunidad parlamentaria ha sido el escudo que necesitaban para ponerle una pausa a su ranking de procesos penales en curso, una muestra de ello es que para la elección del último congreso extraordinario tuvimos 234 candidatos con sentencias penales y civiles, de los cuáles 4 congresistas electos registran sentencias penales.
Sin embargo, el problema de la calidad de representantes no se solucionará con eliminar la inmunidad parlamentaria, al contrario se pone en riesgo su institucionalidad, ni con la última reforma política aprobada, que impide que personajes sentenciados en primera instancia puedan postular a cargos de elección popular, creemos que la solución pasa tambien por fortalecer las organizaciones políticas, establecer escuelas de formación a nivel partidario, antes, durante y después de los procesos de elección y de gestión y de que los partidos y movimientos políticos asuman la responsabilidad de las gestiones municipales, regionales y nacionales que sus militantes puedan desarrollar.
Los ciudadanos y ciudadanas, tenemos gran responsabilidad al elegir a nuestros representantes, pero lo hacemos en base a las propuestas que nos dan los partidos políticos, por tanto, su responsabilidad es aún mayor, ahora que estamos cerca de un nuevo proceso electoral, no olvides elegir a alguien que realmente este en política para servir y no para servirse.
