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La pandemia ha mostrado que uno de los tipos de violencia contra la mujer que ha recrudecido con furia es la violación sexual. Durante los últimos meses, se conoció a través de los medios de comunicación tres casos de violación grupal en Lima, Ica y Cusco. En Lima, 5 hombres han sido denunciados por el delito de violación sexual en agravio de una joven de 21 años. En Ica, 3 hombres violaron a una joven y en Cusco, Poroy, 4 sujetos atacaron sexualmente a una mujer de 59 años dejándola al borde de la muerte. Pero, como si la violencia no fuera suficiente, estas mujeres sufren nuevamente la agresión del Estado al estar dos de estos casos en la impunidad y uno en proceso de investigación. Los procedimientos para atender este tipo de delitos siguen siendo vagos e insulsos. Cuando una víctima rompe el silencio, el miedo y la vergüenza, lo mínimo que puede exigir es el apoyo del Estado para encontrar justicia. En ese sentido, uno de los puntos cruciales para mitigar la impunidad y dar sostén a las víctimas es el restablecer la atención de los Centros de Emergencia Mujer en las comisarías, a la par de fortalecer sus capacidades para atender diligente y adecuadamente las denuncias. Tras meses de emergencia sanitaria este servicio debería estar totalmente fortalecido, basándonos en la emergencia que enrostran las cifras presentadas por el Ministerio de la Mujer con más de 4 mil casos de violencia sexual perpetrados a mujeres de distintas edades, siendo las niñas y adolescentes las más afectadas. Todo esto a pesar de que el Gobierno ha emitido una serie de normas de urgencia para atender las denuncias de género, que evidentemente son insuficientes. Los Centro de Emergencia Mujer, deben recuperar su función real como servicios públicos de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia familiar y sexual. Deben ser espacios reales y especializados donde poder encontrar orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica. La existencia de servicios de atención y prevención de la violencia en todo el país deben ser una exigencia de la sociedad civil, como parte de la lucha contra la violencia y la garantía por el respeto de los derechos de mujeres y varones. A la par, debemos asumir también que la tarea de la lucha contra tipo de violencia es responsabilidad de varones y mujeres y no solo un tema que atañe al género femenino.
