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No importa quien esté en la presidencia de la República, puede ser Martín Vizcarra o Francisco Sagasti, puede ser nuestro mandatario alguien de poca capacidad en la oratoria como Vizcarra, o un dedicado lector de Vallejo como Sagasti, pero sea lo que sea y pase lo que pase, su principal función será la de proteger el sistema económico y sobre todo de pensiones con sus profundas contradicciones e injusticias.
En lo que va de la pandemia, el Estado peruano ha destinado 60,000 millones de soles para el programa Reactiva Perú, mediante préstamos en las que el Estado es garante hasta en un 90%, sin embargo, gran parte de estas empresas en lugar de reactivar su economía lo que hicieron fue liquidar sus empresas e incluso acogerse a la suspensión perfecta, dejando sin trabajo y sin ingresos a miles de peruanos, en medio de la crisis.
Una de las únicas alternativas que la masa laboral tuvo fue la de acceder a desembolsos anticipados de los fondos de pensiones de las AFPs, mediante una ley que el Congreso aprobó y que a pesar de la inicial oposición del gobierno, finalmente estos dineros fueron entregados.
Pero quienes sí están completamente desamparados son los aportantes de la ONP, quienes tuvieron que escuchar de la exministra de Economía, María Antonieta Alva, que sus aportes no existían ya que estos iban a un fondo común, así que nadie tiene una cuenta individual, o sea, olvídense.
A pesar de esto el Congreso aprobó una ley de devolución de aportes que le demandaría al Estado, 15,000 millones de soles, la cuarta parte de Reactiva Perú, sin embargo, ante la aprobación de la ley, la reacción del gobierno es presentar una demanda de inconstitucionalidad de dicha ley ante el TC, lo que significa que esos miles de peruanos no podrán acceder a esos s/4,300 porque según el ministro de Economía, eso generaría un “caos en el país.
