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Por: Banesa Farfán Saravia
Hablar sobre el medioambiente, es hablar sobre intereses de todos los bandos, algo que nos debería importar a todos y todas, pero nadie habla de ello, las protestas medioambientales se criminalizan y se reprimen en todos los continentes, los políticos y empresas privadas; en su mayoría son los autores de las represiones o violaciones a los derechos humanos, a pesar de ello muchos líderes indígenas, activistas y organizaciones no gubernamentales siguen promoviendo acciones para conseguir victorias hacia la justicia climática,
A medida que se intensifica la crisis climática, los activistas y los grupos de la sociedad civil siguen movilizándose para pedir cuentas a los responsables políticos y empresariales. Desde Perú hasta Sudáfrica, los activistas están arriesgando sus vidas para proteger las tierras y detener las actividades de las industrias altamente contaminantes. Los abusos más graves contra los derechos los sufren a menudo los grupos de la sociedad civil que se enfrentan a los gigantes de la industria maderera, minera y energética que explotan los recursos naturales y alimentan el calentamiento global.
Mientras la gente sale a la calle, los gobiernos establecen prohibiciones que criminalizan las protestas medioambientales. Recientemente, los gobiernos han utilizado la COVID-19 como pretexto para interrumpir y disolver las manifestaciones. Según los datos del CIVICUS Monitor indican que la detención de manifestantes y el uso de fuerza excesiva por parte de las autoridades son cada vez más frecuentes.
Silenciar a los activistas y negarles sus derechos cívicos fundamentales es otra táctica utilizada para retrasar la acción contra el cambio climático y criminalizar las protestas no violentas se ha convertido en una señal preocupante de que los gobiernos no se comprometen a salvar el planeta. A pesar de los mayores riesgos y restricciones a los que se enfrentan los defensores y defensoras del medio ambiente, se muestra que a nivel mundial variedad de campañas que han conseguido importantes victorias, como el cierre de minas y numerosos proyectos de construcción peligrosos y riesgosos para la vida de sus poblaciones cercanas y a nivel mundial. Igualmente, significativo ha sido el aumento de los litigios sobre el clima por parte de grupos de activistas. Irónicamente, mientras las autoridades llevan a los activistas a los tribunales por ejercer su derecho fundamental a la protesta, los grupos de activistas han presentado con éxito demandas contra gobiernos y empresas en más de 25 países por no actuar frente al cambio climático.
